Con frecuencia, las empresas necesitan financiación externa para asumir proyectos logísticos o tecnológicos, como, por ejemplo, el caso de empresas industriales que quieren dedicar sus esfuerzos a mejorar logísticas que suponen un cambio cualitativo y aportan valor añadido, o el de empresas
de servicios logísticos avanzados.
Las infraestructuras y los proyectos logísticos habitualmente suponen inversiones elevadas, de modo que la financiación acostumbra a ser un obstáculo que hay que superar, ya se trate de grandes obras públicas abordadas por la Administración, de centros logísticos o proyectos de mejora de almacenes o sistemas de producción de la iniciativa privada. Este aspecto, habitualmente complejo, aún resulta más crítico en situaciones de crisis financiera e inestabilidad económica.
En el caso de las grandes infraestructuras, impulsadas en su mayoría por la Administración del Estado o por los gobiernos autonómicos, cada vez es más habitual que no se afronten los costes en exclusividad, sino que se cuente con el respaldo de otras administraciones, de fondos europeos y de grandes grupos empresariales. En Cataluña, ejemplo de esto último es la corporación Abertis, que tiene las autopistas, los aeropuertos, los centros logísticos, las telecomunicaciones y los aparcamientos como líneas de negocio alrededor del mundo. Estos grupos tienen capacidad para financiar grandes infraestructuras sobre suelo público a cambio de concesiones para su explotación, ya sea mediante el cobro de peajes durante un periodo de años, en el caso de las autopistas, o la comercialización de los espacios de los centros logísticos.
Por su parte, las empresas ubicadas en los centros logísticos y polígonos industriales pueden contemplar diversos modelos para implantarse, más allá de la compra del terreno y la construcción de las naves con recursos propios. Los gestores de los centros, ya sean promotoras privadas, organismos públicos o sociedades con capital público y privado, ofrecen otras posibilidades. Así, la concesión del espacio para la construcción de las instalaciones propias o el arrendamiento de la nave (diseñada incluso en función de las necesidades de la empresa que se instala en ella) son fórmulas habituales para facilitar la implantación de empresas, que pueden de este modo dirigir sus esfuerzos de inversión hacia la adquisición de equipamientos, o la obtención de arrendamientos financieros para vehículos o equipos tecnológicos.