Los ayuntamientos de las grandes ciudades, como Barcelona, Lleida
o Girona, promueven el sistema
de alquiler de bicicletas, que cuenta ya con centenares de miles de usuarios.
Cataluña dispone de un referente normativo en materia de movilidad, la Ley 9/2003, una normativa pionera en España y Europa que tiene como objetivos básicos la integración de las políticas de crecimiento urbano y económico con las de movilidad, dando prioridad al transporte público y a los sistemas eficientes de transporte. También promueve la intermodalidad, pretende ajustar los sistemas de transporte a la demanda en zonas de baja densidad de población, disminuir la congestión de las zonas urbanas, aumentar la seguridad viaria y reducir la contaminación.
A partir de la Ley de movilidad se han ido desplegando distintos instrumentos de planificación territorial, como las directrices nacionales de movilidad, los planes directores de movilidad, los específicos y los de movilidad urbana.
La Ley 9/2003 condiciona el urbanismo a la movilidad, impidiendo la aprobación de proyectos urbanísticos cuando no se cuenta con un estudio de la movilidad que genera.